CARAS Y CARETAS DE LA HUELGA DE MINEROS EN BOLIVIA
La Central Obrera Boliviana declaró una huelga general, reclamando la modificación del sistema de pensiones. La situación se agravó con el ingreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, el sindicato más poderoso del país, que radicalizó las medidas de lucha. Los trabajadores se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, dinamitaron un puente, secuestraron a tres policías, detonaron dinamita en la ciudad de La Paz y están llamando al amotinamiento de la policía. Desde el gobierno declaran que la COB está recibiendo asesoramiento del extranjero y que buscan que la protesta derive en un golpe de Estado.
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El 6 de mayo la Central Obrera
Boliviana (COB) declaró una huelga general por tiempo indeterminado reclamando una modificación del régimen de pensiones, para que
las jubilaciones sean equivalentes al 100% del sueldo. Los principales
protagonistas de la medida de fuerza son unos cinco mil mineros de la empresa
Huanuni, que explota la mayor reserva de estaño boliviana, a los que pronto se
sumaron maestros rurales, empleados fabriles, universitarios y trabajadores de
la salud pública.
El segundo día de manifestaciones en
las zonas rurales comenzaron los cortes de carreteras y el miércoles 8 se
produjeron los primeros enfrentamientos entre huelguistas y policías que
dejaron un saldo de siete trabajadores y tres uniformados heridos. Ese día los trabajadores detonaron cargas
de dinamita que dañaron un puente en la localidad de Caracollo. Según el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el hecho
fueron detenidos y procesados veintitrés mineros, sobre algunos de los cuales
pesan además agravantes por portación de armas blancas.
El conflicto se agravó aún más al día
siguiente cuando los manifestantes desarmaron, golpearon y trasladaron al
interior de una mina a tres efectivos policiales, cuya liberación pretendían
negociar a cambio de la de sus compañeros detenidos. El presidente Evo Morales
denegó el pedido de liberación de los trabajadores e intimó a los huelguistas a
encauzar sus reclamos en el marco de la ley. No obstante un juez de Oruro autorizó
la liberación de los detenidos, por lo cual el Ministro de Gobierno anunció que
se iniciarán acciones legales contra el magistrado.
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Tras varios fracasos de las negociaciones
entre la COB y el Poder Ejecutivo, el miércoles 15 de mayo, los trabajadores de
Huanuni arribaron a la La Paz y llevaron a cabo una ruidosa jornada de
manifestaciones en la capital, que incluyó la detonación de petardos y de más de un centenar
de fulminantes de dinamita. Apoyados por manifestantes de otros gremios los mineros
se dirigieron a la Casa de Gobierno y se enfrentaron a piedrazos con la policía
hasta que fueron dispersados con gases lacrimógenos.
En tanto, las carreteras continúan
cortadas en treinta y cinco puntos del país. Cinthya Prado, responsable de
Prevención de Riesgos y Desastres de la Autoridad de Carreteras, informó que
cinco de los nueve departamentos están incomunicados por los bloqueos. Esto
afecta principalmente al eje troncal Este-Oeste, que une La Paz con Santa Cruz,
y las vías de comunicación internacionales con Chile y Argentina, perjudicando
tanto el comercio como el traslado de pasajeros.
La radicalización de la protesta fue
notoria igualmente en las declaraciones de los voceros sindicales. El
secretario de relaciones del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros, Víctor
Escobar, declaró: “Basta de ver la fiesta desde el balcón, nosotros vamos a
entrar a bailar desde el día de mañana. Este gobierno va a empezar a sentir las
movilizaciones acá, en la ciudad de La Paz”. Sin embargo, lo más llamativo
fueron los llamados explícitos al amotinamiento de las fuerzas policiales. Si
bien su comandante, Alberto Aracena, desestimó la posibilidad de una
insubordinación este tema mantiene en vilo la atención de los bolivianos.
El
viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillen, declaró que
el pedido de la COB pondría en riesgo el sistema de pensiones y que no es
correcto perjudicar las jubilaciones del 85% de los trabajadores para
beneficiar las del 15% restante. En coincidencia el vicepresidente, Álvaro
García Linera, señaló en rueda de prensa, que el Fondo Solidario al que se
pretende recurrir “es para apoyar a la inmensa mayoría que gana poco, no para
beneficiar a los pocos que ganan mucho”.
El gobierno denunció además
que la dirigencia de la central obrera está recibiendo asesoramiento desde el
extranjero para establecer estrategias de lucha y organizar las movilizaciones.
El propio Evo Morales sostuvo que las tendencias violentas de los huelguistas
responden a planes de desestabilización: “Ahora están pidiendo a gritos el
amotinamiento de la policía, para que haya un golpe de Estado. Eso ya no es una
reivindicación sino una acción política y por eso convoco a defender, primero
la democracia y, si somos parte de este proceso, defender también este proceso
de cambio: organizarnos, movilizarnos”. En respuesta los sindicatos afines al gobierno,
junto a productores cocaleros, organizaciones sociales y campesinas han alistado a sus bases para
defender el proceso político y convocaron a una marcha de apoyo al gobierno
para los próximos días.
Si tenemos en cuenta que estas medidas se llevan a cabo contra un gobierno democrático que a comienzos de mes gozaba del 66% de popularidad, que recientemente bajó la edad jubilatoria de 65 a 58 años (y para el sector minero a 55 años para los hombres y 51 para las mujeres), y que hace treinta días acordó con la COB un incremento salarial del 8%, sobre una inflación de 4,5% anual, la medida de fuerza resulta a todas luces desproporcionada. En este marco, dinamitar un puente, secuestrar policías, detonar dinamita en la capital y pedir a gritos el alzamiento de la policía son sin dudas medidas más afines a un intento de desestabilización que a un reclamo salarial.
Algunos analistas internacionales, como Aníbal Garzón Baeza, sostienen que de esta forma la COB en general y el sindicato de mineros en particular están tratando de recuperar su histórico protagonismo en el proceso de cambio de Bolivia, que actualmente recae sobre el campesinado indígena. Otros, teniendo en cuenta lo sucedido en los últimos años en Honduras y Paraguay, analizan el papel de agentes estadounidenses en el conflicto y afirman que en Bolivia soplan vientos con olor a norte y a derecha cipaya.
